*** Habitantes del noreste de Venezuela dijeron que las víctimas aceptaron los trabajos en embarcaciones ilícitas para sobrevivir, incluso si eso implicaba un riesgo mortal
Los rostros de las víctimas comienzan a salir a la luz. Un pescador con ingreso precario, un ex cadete militar, un delincuente reincidente y un conductor de autobús que perdió su fuente de trabajo forman parte de los primeros venezolanos identificados tras los ataques estadounidenses en el Caribe, reveló la agencia de noticias The Associated Press.
Desde septiembre, los bombardeos ordenados por Washington han dejado más de 60 muertos, la mayoría en embarcaciones que según el gobierno de Donald Trump transportaban drogas hacia el norte. El presidente y altos funcionarios afirmaron que estas operaciones estaban dirigidas por “narcoterroristas” y miembros del Cártel de los Soles, el cual relacionan con Nicolás Maduro y varios de sus allegados.
La investigación de la AP logró confirmar la identidad de cuatro de las víctimas y reunir detalles sobre otras cinco, ofreciendo un retrato más claro -y humano- de quienes perdieron la vida en esas operaciones militares.
Vidas truncadas por la pobreza y el mar
En comunidades costeras del noreste de Venezuela, donde la pesca ya no garantiza el sustento, residentes contaron a la AP que muchos de los fallecidos aceptaban trabajar como tripulantes de embarcaciones usadas para el contrabando. Algunos eran delincuentes menores; otros, trabajadores que buscaban ingresos rápidos ante la falta de oportunidades.
Eran obreros, un pescador y un mototaxista, indicaron los entrevistados. Dos de ellos tenían antecedentes por delitos menores y otro era un jefe del crimen local que alquilaba sus servicios a los traficantes.
Los hombres vivían en la península de Paria, región empobrecida del estado Sucre. Sus casas de bloques sin pintar se asientan entre colinas tropicales que miran al mar Caribe. Desde allí parten las lanchas de casco abierto que transportan cargamentos ilícitos hacia Trinidad y otras islas.
Familiares y vecinos que hablaron bajo anonimato por miedo a represalias de los narcotraficantes, del gobierno venezolano o de las autoridades estadounidenses, expresaron indignación por la muerte de sus allegados, que antes habrían sido arrestados y juzgados en tribunales federales.
“El gobierno estadounidense debería haberlos detenido”, dijo un familiar de una de las víctimas.
El hermetismo en torno a los fallecimientos ha complicado la búsqueda de respuestas. En un contexto dominado por el control informativo y la presencia de bandas armadas, los parientes se enteran de lo ocurrido a través de rumores y publicaciones en redes sociales.
Funcionarios venezolanos condenaron los ataques y el embajador del país ante la ONU los describió como “ejecuciones extrajudiciales”. Caracas, sin embargo, ha negado que existan redes de narcotráfico operando en su territorio y aún no ha reconocido que ciudadanos venezolanos murieron en los bombardeos.
En Washington, la administración Trump defendió las operaciones. Declaró a los cárteles “combatientes ilegales” y sostuvo que Estados Unidos libra un “conflicto armado” contra ellos. Trump aseguró que cada barco hundido “salvó la vida de 25.000 estadounidenses”, aunque la mayoría de los buques transportaban cocaína y no opioides sintéticos, responsables de la crisis de sobredosis en el país.
Sean Parnell, portavoz del Pentágono, dijo a la AP, citando al Departamento de Defensa: “Ha afirmado reiteradamente que nuestra inteligencia confirmó que los individuos involucrados en estas operaciones de narcotráfico eran narcoterroristas, y mantenemos esa evaluación”.
Los nombres detrás de las cifras
Hasta ahora, el ejército estadounidense ha destruido 17 embarcaciones en el Caribe, dejando más de 60 muertos. Nueve de ellas fueron atacadas cerca de las costas de Venezuela, y al menos tres zarparon desde este país, según datos del gobierno estadounidense.
Entre los identificados figura Robert Sánchez, pescador de Güiria de 42 años de edad, padre de cuatro hijos que soñaba con tener su propio motor para trabajar sin depender de otros. Ganaba cerca de 100 dólares al mes y aceptó un viaje de contrabando con la esperanza de mejorar su situación. Nunca regresó.
Luis “Che” Martínez, de 60 años, era conocido como un supuesto jefe local del crimen. Murió en el primer ataque reportado, el 2 de septiembre. Trump aseguró que la embarcación pertenecía al grupo el Tren de Aragua y que todos los tripulantes murieron. Sus allegados dudan de esa versión y afirman que identificaron su cuerpo por el reloj que siempre llevaba en la muñeca.
Aunque había sido encarcelado en 2020 por las autoridades venezolanas por trata de personas, había subrayado en reiteradas oportunidades que detestaba su forma de ganarse la vida. Sin embargo, residentes afirmaron apreciar su contribución anual a la fiesta de la Virgen del Valle, patrona de los pescadores.
También están Dushak Milovcic, ex cadete de la Guardia Nacional de 24 años de edad que abandonó la academia atraído por el dinero fácil del contrabando, y Juan Carlos “el Guaramero” Fuentes, conductor de autobús que se quedó sin empleo tras una avería y se embarcó en el negocio por necesidad.
“Quiero una respuesta, pero ¿a quién se la puedo pedir?”, lamentó un familiar de una de las víctimas. “No puedo decir nada”.
AP / EL NACIONAL
