El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para explicar los objetivos de la política estadounidense hacia Venezuela, en un momento marcado por la captura del expresidente Nicolás Maduro y cambios profundos en la situación política del país.
Durante su intervención, Rubio sostuvo que Washington busca promover una transición ordenada en Venezuela, parte de un proceso amplio diseñado para estabilizar la nación tras años de crisis política y social. El diplomático subrayó que, aunque la captura de Maduro representa un hecho histórico, lograr elecciones libres y reales no será inmediato, y requerirá pasos firmes hacia la reconstrucción del sistema democrático venezolano.
Rubio enfatizó que la intención de Estados Unidos es colaborar con las autoridades interinas “en funciones” en Caracas para asegurar que los cambios sean sostenibles y legítimos ante la comunidad internacional. Señaló que esa transición —que abarca desde la restauración de instituciones hasta la organización de procesos electorales competitivos— deberá desarrollarse con transparencia y respeto a las libertades ciudadanas.
En su testimonio, el secretario de Estado también defendió la reciente operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro, describiéndola como una acción de aplicación de la ley destinada a atacar estructuras vinculadas al narcotráfico. Rubio aseguró que no se trató de una guerra ni de una ocupación, sino de un esfuerzo por poner fin a lo que describió como un «régimen» que impedía la realización de elecciones creíbles.
El funcionario reiteró que, más allá de la estabilización inmediata, el objetivo a largo plazo es facilitar condiciones para que los venezolanos puedan ejercer sus derechos políticos plenamente, incluida la realización de comicios libres, competitivos y transparentes, con la participación de todas las fuerzas políticas.
La intervención de Rubio ante el Congreso se produce en un contexto en el que Washington evalúa también normativas y sanciones que todavía se mantienen vigentes, al tiempo que plantea mecanismos para abrir canales de cooperación con actores venezolanos y aliados regionales, con miras a consolidar un proceso de cambio profundo.
Las declaraciones han generado reacciones mixtas entre legisladores estadounidenses, que en parte aplauden el enfoque estratégico, y otros que cuestionan tanto la legalidad como las implicaciones a largo plazo de la política exterior estadounidense en el país sudamericano.
AGENCIAS
