El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se encuentra al borde de un cierre parcial a partir de este sábado 15 de febrero, tras el fracaso en el Senado de una medida republicana que buscaba extender su financiamiento por dos semanas. Mientras las negociaciones continúan en un ambiente de alta tensión política, una de las agencias más polémicas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), continuaría sus operaciones gracias a un multimillonario fondo de contingencia.
La parálisis presupuestaria, impulsada por el bloqueo demócrata en el Congreso, dejaría al DHS en una situación de cierre indefinido a partir de esta medianoche, lo que obligaría a suspender todas sus actividades no consideradas esenciales. Sin embargo, el ICE no se vería inmediatamente afectado. La agencia cuenta con un respaldo financiero extraordinario de 75.000 millones de dólares, proveniente de la denominada ‘Gran y hermosa ley’ —la ambiciosa reforma fiscal impulsada por el expresidente Donald Trump—, que le permitirá mantener su funcionamiento normal por un tiempo prolongado.
Este fondo suplementario se suma a la asignación anual de aproximadamente 10.000 millones de dólares que el Congreso aún no ha renovado para el año fiscal en curso. El debate presupuestario se ha centrado precisamente en las exigencias demócratas para reformar los protocolos de actuación del ICE, luego de incidentes fatales que involucraron a agentes y resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.
Los puntos de fricción: reformas vs. operatividad
La bancada demócrata ha condicionado su voto a favor del presupuesto del DHS a la implementación de una serie de reformas en los procedimientos del ICE. Entre sus principales demandas destacan:
- Prohibición de allanamientos sin órdenes judiciales.
- Obligatoriedad de que los agentes porten identificación visible y no utilicen máscaras durante los operativos.
- Prohibición de perfiles raciales o detenciones basadas en prejuicios físicos.
- Restricción de arrestos en lugares «sensibles» como escuelas, centros de votación o templos religiosos.
Hasta ahora, el único punto de consenso entre ambas fuerzas políticas es la exigencia de que los oficiales utilicen cámaras corporales. La fiscal federal, Patricia, confirmó recientemente que se implementarán tras las muertes mencionadas.
División republicana y salidas provisionales
Mientras tanto, el Partido Republicano muestra fisuras internas. Un sector moderado, liderado en el Senado por John Thune, se ha mostrado abierto a negociar algunas reformas y propone una medida provisional que garantice el financiamiento de las operaciones migratorias hasta el 30 de septiembre, fin del año fiscal. Sin embargo, el ala más conservadora, encabezada por Mike Johnson en la Cámara de Representantes, califica las exigencias demócratas de «poco realistas» y aboga por aprobar directamente el proyecto de financiación anual que ya fue avalado por la Cámara Baja, sin las modificaciones solicitadas.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha sido enfático: «Hacen falta cambios drásticos en el Departamento de Seguridad Nacional antes de que avance un proyecto de ley de financiamiento». Ante la inminencia del cierre, la incertidumbre reina en el DHS, con la certeza de que solo funciones esenciales como la Patrulla Fronteriza, la seguridad en aeropuertos (TSA) y los servicios de emergencia continuarían operando sin interrupción, mientras el futuro del ICE, aunque asegurado por ahora, sigue en el centro de la tormenta política.
ARAGUA PRESS con información de France 24
