Un precedente para la libertad de expresión se registró este jueves 26 de febrero con la excarcelación de los dos últimos comunicadores que permanecían en prisión. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó que, tras una semana de haberse promulgado la Ley de Amnistía, ya no quedan periodistas tras las rejas en el país.
Los beneficiados en esta jornada fueron Jonathan Carrillo, quien permanecía bajo custodia desde julio de 2022, y Pedro Urribarri, detenido en mayo de 2025. Mientras que Urribarri recibió libertad plena, Carrillo fue excarcelado bajo medidas cautelares tras pasar más de tres años y medio confinado entre El Helicoide y Yare II.
Balance de la primera semana de amnistía
Marco Ruiz, secretario general del SNTP, informó que durante los primeros siete días de vigencia de la ley han sido liberados tres periodistas en total, incluyendo a Marifel Guzmán, quien salió de prisión el pasado martes. «Ya no hay ningún trabajador de la prensa detenido», afirmó el activista, aunque recordó que el gremio llegó a contabilizar 25 detenciones arbitrarias el mes pasado.
A pesar de las liberaciones, el sector mantiene la cautela. Ruiz señaló que todavía existe incertidumbre sobre quiénes recibirán el sobreseimiento definitivo de sus causas, un paso necesario para garantizar la libertad plena de los 40 comunicadores y trabajadores de medios que mantienen expedientes abiertos en los tribunales.
Hacia la restitución de la libre expresión
En el marco de este proceso, la Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex) ha elevado nuevas exigencias al gobierno interino de Delcy Rodríguez, entre las que destacan:
- Levantamiento inmediato del bloqueo digital a medios de comunicación.
- Cese definitivo de la persecución judicial contra reporteros.
- Garantías para el ejercicio del periodismo sin coacciones.
De acuerdo con cifras oficiales de la comisión parlamentaria presidida por Jorge Arreaza, un total de 217 personas han salido de distintos centros penitenciarios durante esta primera semana de aplicación de la norma, en un proceso que busca descompresión política tras los recientes cambios en el Ejecutivo Nacional.
«El sistema de justicia debe cumplir con su deber y garantizar la restitución total de los derechos vulnerados a estos profesionales», sentenció el sindicato.
