El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ha reiterado formalmente su exigencia de derogar de manera absoluta la Ley contra el Odio, luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara a la Asamblea Nacional (AN) una reforma parcial de dicho cuerpo normativo. El gremio periodístico ratificó que el instrumento legal posee un vicio de origen y de fondo al vulnerar sistemáticamente preceptos constitucionales relativos a las libertades informativas.
La iniciativa institucional busca replantear el alcance de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cuerpo legal aprobado en 2017 que ha sido catalogado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos como una herramienta represiva orientada a la censura del discurso público.
Posición gremial frente a la reforma legislativa
Ante el anuncio del Ejecutivo nacional, el órgano profesional de los comunicadores sociales en Venezuela fijó una contundente postura institucional a través de sus canales oficiales, señalando la ineficacia de una modificación parcial frente a un texto que contraviene los derechos fundamentales de la ciudadanía.
«Ante la solicitud hecha por la presidenta(e), Delcy Rodríguez a la AN de reforma a la Ley Contra el Odio, el CNP reitera que este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales. Entre ellos derecho a la libertad de expresión» .
Por su parte, la mandataria encargada Delcy Rodríguez argumentó que la solicitud enviada al Parlamento tiene como fin revisar el alcance punitivo de la norma y rectificar anomalías observadas en la praxis judicial.
«He solicitado a la Asamblea Nacional la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, para avanzar en la despenalización de los tipos penales previstos en esta norma y para corregir desviaciones en su aplicación. Seguimos dando pasos hacia una nueva etapa de convivencia ciudadana en Venezuela» .
Antecedentes e impacto de la norma en la libertad de prensa
El marco legal controvertido cuenta con antecedentes críticos desde su promulgación y aplicación en el ecosistema informativo venezolano:
- Origen institucional: Fue sancionada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente tras la solicitud explícita formulada por el Ejecutivo nacional.
- Sanciones penales: El texto jurídico consagra penas privativas de libertad de hasta 20 años para las conductas tipificadas como «delitos de odio».
- Denuncias de persecución: Organizaciones de la sociedad civil, tales como la ONG Espacio Público, han documentado que el instrumento se ha utilizado sistemáticamente para criminalizar opiniones críticas o expresiones incomodas hacia los sectores gubernamentales.
Reporte: Colegio Nacional de Periodistas, Vicepresidencia de la República, ONG Espacio Público
ARAGUA PRESS || Texto: Ritcher Antúnez (CNP 26063)
