La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, defendió este jueves la gestión gubernamental ante el doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio. Al ofrecer un nuevo balance oficial a ocho días del desastre, la mandataria interina elevó la cifra de víctimas a 2.595 fallecidos y 12.400 heridos, al tiempo que rechazó los cuestionamientos de la prensa internacional sobre la presunta lentitud y descoordinación en las labores de salvamento durante las primeras 72 horas.
Acompañada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, la funcionaria desestimó las denuncias de los damnificados en el terreno, quienes reportaron una situación de abandono inicial y fallas en el suministro de insumos básicos. Rodríguez instó a realizar un estudio comparativo con otras catástrofes globales y aseguró que el despliegue policial y militar inició de forma inmediata tras la activación del Estado Mayor, pasando de 4.000 funcionarios en las primeras 24 horas a cerca de 19.000 efectivos desplegados actualmente en las regiones afectadas.
Infraestructura aérea afectada retrasó los rescates
Al ser interpelada por la corresponsalía del diario El País de España sobre la desatención denunciada por las comunidades, Rodríguez argumentó que la movilización de equipos especializados desde estados distantes como Mérida y Zulia se vio severamente comprometida por los daños estructurales sufridos en los principales aeropuertos del país.
Ante la inoperatividad temporal de las terminales aérea nacional e internacional, el Ejecutivo nacional debió establecer puentes aéreos alternos desde los estados Aragua y Carabobo para el traslado de personal de emergencia y ayuda humanitaria, justificando de este modo los retrasos logísticos en el terreno.
Descartan uso de fosas comunes
En cuanto al manejo de los cadáveres y los rumores sobre entierros masivos, la presidenta encargada fue enfática al declarar que se ha descartado el uso de fosas comunes. «Nadie va a fosa común», aseveró, detallando que el protocolo institucional contempla la identificación estricta de cada víctima mediante reconocimiento por huella dactilar, registros fotográficos o, en los casos de mayor complejidad, a través de odontología forense.
Mientras el Ejecutivo nacional mantiene la reserva y evita ofrecer un balance oficial sobre el número de personas desaparecidas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene una proyección de hasta 50.000 ciudadanos afectados o bajo condición de desaparición en toda la franja norte-central del país.
ARAGUA PRESS / Con información de EL NACIONAL
