Un clima de rechazo y preocupación se ha generado en el municipio Tomás Lander, estado Miranda, tras la detención de la profesora Urania Sánchez, educadora con años de servicio en el área de historia y geografía, quien fue arrestada por la Policía Municipal de Ocumare del Tuy la noche del miércoles 5 de noviembre, luego de un incidente disciplinario con un estudiante.
Según versiones de la comunidad educativa, el hecho ocurrió dentro de una institución donde también funciona el Liceo Manuel Aleson. Sánchez habría reprendido verbalmente a un alumno, y al intentar controlar la situación colocó su mano sobre el hombro de otro estudiante para que se retirara del aula. El joven, sintiéndose agredido, notificó a su padre, quien se presentó en el plantel y exigió la intervención policial.
En un mensaje difundido a través de redes y grupos docentes, la profesora relató su versión de los hechos:
“Estoy detenida desde ayer. Le di por el hombro a un estudiante y él llamó a su papá. El hombre llegó al liceo, me insultó y dijo que llevaría esto hasta las últimas consecuencias”, escribió.
Posteriormente, Sánchez fue trasladada a la sede de Polilander y presentada ante el tribunal de control correspondiente el viernes 5 de noviembre. Tras la audiencia, la educadora recuperó su libertad y se reincorporó a sus funciones académicas.
Reacción del gremio educativo
El sindicato docente de Tomás Lander repudió la detención, calificándola como una acción desproporcionada y contraria a los protocolos escolares y normativas educativas. Voceros del gremio advirtieron que este tipo de procedimientos generan un precedente peligroso en la relación entre docentes, estudiantes y padres, además de vulnerar la autoridad pedagógica dentro de los centros educativos.
“Los conflictos escolares deben resolverse mediante el diálogo, la mediación y el acompañamiento institucional, nunca con esposas ni patrullas”, expresaron representantes sindicales en un comunicado.
El caso de Urania Sánchez ha abierto un debate nacional sobre los límites de la disciplina escolar y la protección jurídica de los educadores, en un contexto donde maestros y profesores enfrentan cada vez mayores desafíos para mantener el orden y el respeto en las aulas.
Las autoridades locales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el procedimiento policial, mientras el gremio docente exige la revisión de los protocolos de actuación y garantías para el ejercicio pleno y seguro de la función educativa.
ARAGUA PRESS
