Un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, inició este miércoles un proceso para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato, tras haber desobedecido una orden judicial que prohibía el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que le instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.
Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de la invocación de la ley, Boasberg bloqueó su uso, justo cuando dos aviones cargados con los migrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador, y ordenó su regreso.
A pesar de las críticas, la Administración de Trump defiende las expulsiones, alegando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, grupos recientemente clasificados como terroristas por Washington.
EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en el país hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelariouez federal de Estados Unidos, James Boasberg, inició este miércoles un proceso para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato, tras haber desobedecido una orden judicial que prohibía el envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que le instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.
Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de la invocación de la ley, Boasberg bloqueó su uso, justo cuando dos aviones cargados con los migrantes ya estaban en ruta hacia El Salvador, y ordenó su regreso.
A pesar de las críticas, la Administración de Trump defiende las expulsiones, alegando que los migrantes tienen vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, grupos recientemente clasificados como terroristas por Washington.
EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en el país hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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