*** En la sentencia a una demanda interpuesta por ambientalistas y una tribu nativa de los Everglades, la magistrada prohíbe la expansión del centro de detención y dicta su efectivo desmantelamiento
Cuando Alligator Alcatraz apenas era poco más que un rumor, a finales de junio, una demanda interpuesta por grupos ambientalistas impugnó la legalidad del sitio, que fue levantado en apenas ocho días en medio de los pantanos de los Everglades al oeste de Miami sin consulta pública ni revisión medioambiental. En la noche de este jueves, una jueza federal les ha dado la razón y ha ordenado que la infame cárcel para migrantes cese sus operaciones en 60 días.
La magistrada Kathleen Williams ha dictaminado que las instalaciones del centro de detención ubicado en una Reserva de la Biosfera de la UNESCO y Patrimonio Mundial, un área protegida de alta sensibilidad medioambiental y que la tribu nativa de los Miccosukee considera sagrada, violan la ley. “La Reserva Nacional Big Cypress se creó para proteger esta zona. Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades. Esta Orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, dice la sentencia.
Si bien la jueza ya había ordenado hace dos semanas detener temporalmente cualquier construcción mientras seguía la demanda, ahora su decisión es final. Por un lado, prohíbe la expansión del centro y el envío de más personas detenidas, pero además dicta que en un plazo de máximo dos meses se desinstalen todas las cercas temporales, luces artificiales, así como generadores o sistemas de deshechos. Aunque permite que las estructuras habitacionales permanezca, en efecto, ordena su desmantelamiento.
Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida, el 4 de julio.Rebecca Blackwell (AP)
La demanda de los grupos Amigos de los Everglades, Earthjustice, y el Centro para la Diversidad Biológica, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el Estado de Florida y el Condado Miami-Dade, alegaba que la operación del centro de detención causaría un daño irreparable al ecosistema, y que las autoridades violaron leyes federales que exigen estudios de impacto antes de proyectos de este tipo. Los Miccosukee se sumaron al pleito y alegaron también que sus comunidades se encuentran a menos de 20 kilómetros del centro de detención. Esta tribu considera al extenso sistema de humedales su territorio ancestral. Documentos de la corte muestran mapas de la zona con docenas de sitios identificados por los Miccosukee como sagrados o de importancia.
Las reacciones de los demandantes no se han hecho esperar. Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, aseguró que “es una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”, declaró. “Envía un mensaje claro: los líderes al más alto nivel de nuestro gobierno deben respetar las leyes ambientales, y su incumplimiento conlleva consecuencias”. Asimismo, Talbert Cypress, jeje de la Tribu Miccosukee, celebró la decisión y dijo que seguiran “luchando para garantizar que el gobierno no eluda sus requisitos legales de revisión ambiental en tierras públicas confiscadas, sagradas para nuestro pueblo. Siempre defenderemos nuestra cultura, nuestra soberanía y los Everglades. Cuando se trata de nuestra patria, no hay concesiones”.
Alligator Alcatraz fue levantado a finales de junio pasado con carpas de lona, baños portátiles y tráileres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, al oeste de Miami, con el objetivo de albergar hasta 5.000 personas. Tras su inauguración con la visita de espaldarazo del presidente Trump a principios de julio, comenzó a recibir detenidos. Un mes después de abrir, el gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, aseguro que más de un centenar de personas habían sido deportadas desde el lugar.
Manifestantes sostienen carteles en apoyo a los inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz, el 10 de agosto de 2025.Marco Bello (REUTERS)
Es precisamente lo que las autoridades del Estado pretendían hacer con el centro: DeSantis lo describió en su momento como un “todo en uno” que permitiría deportar rápidamente a los detenidos gracias a la larga pista de aterrizaje de 3.200 metros del antiguo Aeropuerto Dade-Collier. Esa pista es lo que quedaba de lo que fue un ambicioso proyecto inconcluso de los años sesenta que buscaba construir el aeropuerto más grande de la región, pero fue cancelado tras litigios con ambientalistas locales de la zona.
Los Everglades son un complejo mosaico de pantanos, marismas y manglares apodado el “río de hierba” que transporta el agua desde el lago Okeechobee, al norte de la península, hasta la bahía de Florida. Este ecosistema subtropical sirve de reserva natural de agua dulce, a la vez que regula inundaciones y sequías. Desde hace décadas, sin embargo, el flujo natural de su agua se ha visto perjudicado por la agricultura y la urbanización de la zona. El Gobierno federal ha asignado millones de dólares para restaurarlo.
Para la tribu Miccosukee, el nuevo centro de detención “amenaza” todo progreso que se haya logrado en las labores de restauración respaldadas por el Gobierno, indicaron al sumarse a la demanda. “No se han estudiado los impactos ambientales”, dijo la tribu en un comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, calificó la demanda como “sin fundamento”.
Las quejas por malas condiciones y malos tratos a los detenidos han estado también bajo el escrutinio público, tras denuncias de reclusos que aseguran que no tienen higiene y alimentación adecuadas y que las autoridades los presionan para que acepten ser deportados. Un juez falló esta semana sobre otra demanda que alegaba que los detenidos no tienen acceso al sistema de justicia, interpuesta por abogados y defensores de los inmigrantes que, al presentar recursos legales para sus clientes en los tribunales en Miami, encontraron que el centro de detención estaba fuera de su jurisdicción. El juez ordenó trasladar la demanda a otro tribunal en el centro de Florida para continuar el litigio.
EL PAÍS
