Las cifras económicas en Venezuela suelen leerse en clave de mercados, flujos cambiarios e índices financieros. El cierre del dólar de este viernes, en el umbral de los 515,18 VES, sumado a una inflación que escaló al 10,6% en el mes de abril (BCV), ha vuelto a encender las alarmas sobre la velocidad de la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, para realizar una lectura completa y honesta de la economía política del país, es imperativo interrogar a estos indicadores desde la perspectiva de género: ¿Quiénes están pagando el verdadero costo de este proceso de ajuste y devaluación? La respuesta, inequívoca y palpable en nuestras comunidades, apunta de forma desproporcionada a las mujeres venezolanas.
El fenómeno de la «feminización de la pobreza» no es un concepto abstracto; es una realidad estructural arraigada en el diseño de las políticas laborales e ingresos actuales. Al priorizarse una política de estabilización basada en la bonificación del ingreso —mediante asignaciones complementarias que no se computan en las prestaciones sociales ni en las jubilaciones—, se precariza activamente a los sectores donde la fuerza de trabajo femenina es mayoritaria: la educación, la salud y la administración pública. Las mujeres, principales sostenedoras del aparato social del Estado, percibimos ingresos nominales en bolívares que se evaporan instantáneamente frente a la devaluación, lo que nos empuja a un constante estado de vulnerabilidad financiera y dependencia de la economía informal.
Pero el impacto más profundo de esta coyuntura económica no se mide únicamente en moneda, sino en tiempo. Es lo que la economía feminista define como el «impuesto del tiempo». Cuando el costo de la vida sube a doble dígito en un solo mes, la canasta alimentaria básica supera con creces los 500 dólares, una realidad denunciada activamente por los gremios de jubilados y trabajadores en todo el país. Ante este escenario, la estrategia de supervivencia familiar recae de forma casi exclusiva en nosotras. Somos las mujeres quienes asumeimos la carga mental y física de recorrer múltiples comercios para comparar precios, gestionar y retirar los subsidios estatales, y sustituir los colapsados servicios públicos con nuestro propio esfuerzo físico.
Como bien lo documenta el análisis internacional sobre las barreras estructurales en el país, esta sobrecarga de la economía del cuidado es el principal factor que mantiene a millones de mujeres fuera del mercado laboral formal, (Deutsche Welle – DW, 2026).
Cada falla del sistema y cada incremento de precios se traduce en más horas de trabajo no remunerado dentro del hogar: cocinar a leña si falta el gas, acarrear agua, remendar o cuidar enfermos. Esta realidad se agudiza drásticamente al observar la configuración familiar en el país. Con un alto porcentaje de hogares monomarentales, las jefas de hogar nos enfrentamos solas al vendaval inflacionario, marginadas de los circuitos de una dolarización desigual y sin acceso real al crédito bancario.
Por tanto, la supuesta estabilidad macroeconómica o los esfuerzos de contención que las autoridades buscan proyectar se sostienen sobre un cimiento frágil e injusto: la explotación del trabajo de cuidados no remunerados. Mientras las decisiones de economía política sigan ignorando la centralidad de la vida y la brecha de género, el dólar a 515 VES y la inflación persistente seguirán siendo el reflejo de una crisis estructural que se amortigua, de forma silenciosa pero devastadora, en las costillas de las mujeres venezolanas.
Referente:
Banco Central de Venezuela (BCV): Reportes oficiales de la tasa de cambio de referencia y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) correspondientes al cierre del último mes.
Monitoreo de Gremios y Canasta Básica (Región Central/Maracay): Datos y registros de exigencias de los comités de jubilados y pensionados del estado Aragua respecto al costo de la vida y la insuficiencia de los ingresos indexados.
Investigación de Periodismo Multimedios (Deutsche Welle – DW, 2026): Datos y testimonios documentados sobre el impacto de la crisis y cómo la economía del cuidado limita la inserción y autonomía financiera de las mujeres en Venezuela.
Opinión || Gloria Mejía Ochoa. Periodista e investigadora social.
