Alexander «Mimou» Vargas, exbasquebolista y figura vinculada al oficialismo, fue detenido en el gimnasio vertical de Quinta Crespo, en el centro de Caracas.
Vargas, presidente del club Frontinos del Táchira y relacionado con la Fundación Movimiento por la Paz y por la Vida, fue visto esposado y escoltado por un funcionario dentro del recinto deportivo.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente los motivos de la detención y si Vargas ha sido presentado ante tribunales.
Su captura enmarca en una serie de operativos recientes contra funcionarios y figuras ligadas al oficialismo por presunta «corrupción» en Venezuela.
El exdeportista, quien también ha participado como dirigente político y deportivo, permanece bajo custodia mientras se aclara los cargos.
Transparencia Venezuela critica ausencia de información pública sobre el arresto de Alexander «Mimou» Vargas
La organización Transparencia Venezuela criticó este lunes que las autoridades no han aclarado los motivos del arresto de Alexander «Mimou» Vargas, ex viceministro de Deportes, detenido el sábado 28 de febrero en el gimnasio Vertical de Quinta Crespo, en la capital del país.
A través de un pronunciamiento, la ONG cuestionó la falta de información oficial, además de exponer presuntas conexiones políticas, empresariales y territoriales del exdirigente chavista, así como su vinculación con redes criminales en el Arco Minero del Orinoco y grupos armados en Caracas, un entramado que ha suscitado preocupación entre ciudadanos y actores políticos.
Vargas fue apresado mientras se encontraba realizando actividades deportivas y políticas. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado que explique las razones de su captura, lo que ha generado amplias especulaciones incluso dentro del propio oficialismo, donde Vargas mantenía una presencia constante y un discurso público de apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Vínculos con Pdvsa
Transparencia Venezuela subrayó en su comunicado que el ex viceministro está asociado a varias empresas privadas, entre ellas Procesadora de Alimentos V&G y Eventos VIP Diez C.A., además de otras vinculadas al sector de servicios y construcción. El documento sostiene que varias de estas compañías han tenido contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales, incluyendo Pdvsa Gas y Zulia Industrial Construcciones, según registros oficiales.
Aunque Vargas no figura formalmente como directivo de algunas de esas sociedades, en redes se le ha identificado como representante en al menos uno de los contratos por 1,7 millones de dólares relacionados con infraestructura pública, una obra que fue retirada en 2025 debido a fallas estructurales, de acuerdo con registros que circulan en plataformas informativas.
La ONG también recordó que Vargas, además de su trayectoria como funcionario, ha sido vinculado a grupos y estructuras sociales con presencia en territorios dominados por economías ilegales. Según Transparencia Venezuela, su figura pública estuvo asociada a agrupaciones como la Organización R en Tumeremo y ciertos colectivos urbanos en zonas de Caracas, como el llamado Corredor de Seguridad de Cara al Río en Petare — entidades que en algunos informes han sido señaladas por su relación con actividades no reguladas.
Detenido tras controversias deportivas y denuncias de impagos
El exbasquetbolista, quien fue viceministro, diputado y alto comisionado por la Paz y la Vida, también se ha destacado como presidente del equipo Frontinos de Táchira y ha protagonizado episodios polémicos en el ámbito deportivo nacional. En el pasado enfrentó denuncias por impagos a atletas, a quienes llegó a referirse de forma despectiva, y promovió prácticas recreativas, como las motopiruetas, que generaron divisiones entre aficionados y críticos.
La detención se produce en un contexto de reacomodo político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y los cambios en la estructura de poder que han venido ocurriendo desde entonces. La falta de transparencia oficial ha llevado a organizaciones civiles a solicitar una explicación clara y a repetir una demanda recurrente: que el Estado detalle las razones y pruebas que motivan este tipo de arrestos y garantice procesos públicos y verificables.
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