En un hecho que ha consternado a la opinión pública del estado Táchira, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron este lunes a Ingrid Yulieth Contreras Contreras, de 27 años de edad, acusada de producir y comercializar material pornográfico infantil protagonizado por sus propias hijas, de 8 y 11 años.
La captura se produjo en el sector Inavi de Coloncito, municipio Panamericano, tras una denuncia interpuesta por un familiar que reside en Colombia. Esta persona recibió un video en el que se observa a las menores completamente desnudas realizando actos sexuales explícitos, mientras se escucha claramente la voz de la madre dándoles indicaciones sobre cómo posar y actuar frente a la cámara.
Según las investigaciones preliminares, Contreras Contreras grababa el aberrante contenido con la intención de venderlo en plataformas y grupos cerrados a cambio de entre 10 y 50 dólares por video. El material era distribuido principalmente a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales.
Una vez recibida la alerta, comisiones de la Delegación Municipal San Antonio del Cicpc iniciaron las pesquisas y lograron ubicar y aprehender a la mujer en su residencia. Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular que será sometido a experticias informáticas para extraer todo el contenido y determinar la posible existencia de más videos, así como identificar a los compradores.
Las dos niñas fueron rescatadas y puestas inmediatamente a disposición del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Panamericano, donde reciben atención psicológica y serán evaluadas para su posterior ubicación en un ambiente seguro.
El caso fue remitido a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Táchira, que imputará a la detenida por los delitos de pornografía infantil, trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual a menores, entre otros cargos contemplados en la Lopnna y el Código Penal.
Fuentes policiales indicaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más víctimas o si la mujer contaba con cómplices en la distribución del material.
ARAGUA PRESS
