Una operación conjunta entre fuerzas militares y policiales destinada a despejar las carreteras bloqueadas en el departamento de La Paz, Bolivia, derivó este sábado 16 de mayo de 2026 en intensos enfrentamientos que dejaron un saldo de 47 personas detenidas y cinco heridas. Las acciones buscaron habilitar un «corredor humanitario» para el paso de vehículos con combustibles y oxígeno medicinal varados en las rutas.
De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, los arrestos se concentraron en las ciudades de La Paz y El Alto. El defensor Pedro Callisaya informó que entre los heridos se encuentran ciudadanos con severas afectaciones oculares y faciales.
Dinamita y gases lacrimógenos en El Alto
Las protestas, que ya suman 11 días de conflicto consecutivo, son lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz ante la crisis del país. Durante la jornada de intervenciones se registraron focos de alta violencia:
- Resistencia armada: En la zona de Río Seco, en El Alto, los manifestantes respondieron con pedradas y detonaciones de cargas de dinamita frente a los gases lacrimógenos utilizados por los agentes policiales.
- Repliegue táctico: En el sector de Lipari, al sur de La Paz, grupos civiles forzaron el repliegue temporal de las fuerzas del orden utilizando explosivos. Ante el riesgo de un «derramamiento de sangre», el Gobierno nacional ordenó posteriormente la retirada de los uniformados.
- Alerta por Derechos Humanos: La Defensoría confirmó que investiga denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales cometidas durante los operativos de despeje.
Agresiones contra los trabajadores de la prensa
El monitoreo institucional también arrojó reportes sobre agresiones e impedimentos al trabajo periodístico. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que dos comunicadores de canales de televisión locales sufrieron lesiones tras ser víctimas de una emboscada en el sur de La Paz. Uno de los reporteros fue retenido con violencia por varios minutos y despojado de sus herramientas de trabajo por parte de los manifestantes.
Ante la escalada de la violencia, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica evalúan la instalación de una mesa de diálogo que propicie el cese de las hostilidades y la reconciliación nacional.
«La prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la convivencia pacífica entre los bolivianos», exhortó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
ARAGUA PRESS
