La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la legislación sobre el odio sancionada en 2017, el cual propone rebautizar el instrumento como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia. La propuesta busca transformar el régimen punitivo mediante la eliminación de las penas privativas de libertad y la instauración de un esquema de sanciones económicas y administrativas.
La iniciativa, que cuenta con la «conformidad constitucional» otorgada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), modifica sustancialmente el artículo 20 de la norma vigente. Dicho apartado, que contemplaba condenas de entre 10 y 20 años de prisión, será sustituido por multas fijadas entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la divisa de mayor valor según el Banco Central de Venezuela (BCV), cuya fiscalización corresponderá al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
Nuevas sanciones y garantías de libertad de expresión
- Trabajo comunitario: Las medidas pecuniarias podrán sustituirse o complementarse con 200 a 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos, garantizando formalmente la no aplicación de la privación de libertad.
- Ejercicio periodístico: Se redefine el alcance del discurso de odio excluyendo explícitamente las opiniones políticas, el trabajo periodístico y la libertad de expresión, salvo que constituyan una incitación directa e inequívoca a la violencia o al delito.
- Fiscalización política: Las actuaciones de las organizaciones y partidos políticos estarán bajo la regulación específica del Consejo Nacional Electoral (CNE).
- Sector de la salud: El personal sanitario que deniegue atención médica por discriminación o motivos de odio enfrentará multas de 1.000 a 10.000 veces la divisa de mayor valor, sumado a la destitución en el sector público o despido justificado en el privado.
Creación de la Comisión para la Convivencia Pacífica
Para supervisar la aplicación de los nuevos procedimientos administrativos y velar por el cumplimiento de la norma, el proyecto establece la creación de la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Este órgano estará integrado por 15 representantes de los poderes públicos, carteras ministeriales y organizaciones sociales.
Reporte: Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ejecutivo
ARAGUA PRESS || Ritcher Antúnez (CNP 26063)
