La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela recibió este miércoles las renuncias de Tarek William Saab como Fiscal General de la República y de Alfredo Ruiz Angulo como Defensor del Pueblo, lo que desencadena una reconfiguración institucional clave en el Ministerio Público y la Defensoría.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó en sesión ordinaria que ambos funcionarios presentaron sus cartas de renuncia ante el Legislativo, el cual procedió a aceptar las dimisiones y activar los mecanismos constitucionales para la designación de autoridades temporales.
En la misma sesión, la Asamblea Nacional designó a Larry Daniel Devoe, abogado con trayectoria en derechos humanos y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, como Fiscal General encargado del Ministerio Público. Por su parte, Saab fue nombrado Defensor del Pueblo encargado mientras se conforman los comités de selección previstos en la Constitución para elegir a los titulares definitivos de ambas instituciones.
Saab, al frente del Ministerio Público desde 2017, ha encabezado la institución durante más de ocho años, un periodo marcado por tensiones con sectores críticos de derechos humanos y una percepción de fuerte alineamiento con el anterior gobierno de Nicolás Maduro.
El proceso de transición interna se produce en un momento de cambios políticos y legales en el país, tras la aprobación de una Ley de Amnistía por la Asamblea Nacional y en medio de un debate nacional sobre la modernización de los poderes del Estado y la independencia judicial.
La activación constitucional para elegir autoridades definitivas en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo implicará la conformación de un Comité de Postulaciones, la evaluación de aspirantes y, posteriormente, la designación por mayoría calificada del pleno parlamentario, conforme al ordenamiento jurídico vigente.
Este reacomodo institucional marca un precedente en la configuración de los organismos rectores del sistema de justicia en Venezuela, con las miradas puestas en la transparencia del proceso de selección y en el fortalecimiento del Estado de Derecho.
ARAGUA PRESS con información de la Asamblea Nacional
