A pesar de la paulatina recuperación que experimenta la producción de crudo en los principales campos del país, el esperado impacto económico de la bonanza petrolera sigue sin materializarse en el bolsillo de los ciudadanos. Un detallado análisis financiero revela que la implementación de la Orden Ejecutiva 14373 —dictada por la administración del mandatario estadounidense Donald Trump tras las acciones del pasado 3 de enero de 2026— ha instaurado un inédito modelo de tutela externa sobre los recursos de la nación.
La referida orden estipula que los ingresos de la renta petrolera venezolana deben ser depositados de forma directa en cuentas del Departamento del Tesoro norteamericano, específicamente en el Fondo de Depósitos del Gobierno Extranjero. Desde allí, Washington asigna discretamente los recursos que el Estado venezolano puede gastar, canalizándolos prioritariamente para compras masivas de insumos, medicinas y maquinarias a exportadores estadounidenses, según coinciden analistas del sector.
El alcance del control y la recuperación de la producción
Esta arquitectura de control sobre el comercio exterior restringe el margen operativo de las instituciones financieras locales, modificando por completo el flujo de la liquidez pública:
- Renta fiscal comprometida: De acuerdo con estimaciones del economista Asdrúbal Oliveros, aproximadamente el 83 % de los ingresos de la nación son administrados actualmente a través de esta cuenta en Washington, procedentes en gran medida de las actividades de las empresas internacionales y mixtas.
- Rol del Banco Central: Bajo este esquema, el fondo en EE. UU. transfiere los dólares autorizados al Banco Central de Venezuela —al cual le fueron levantadas las restricciones internacionales— para que la institución proceda a colocarlos en bolívares en la Tesorería Nacional.
- Repunte en los pozos: En contraste con la asfixia financiera, la extracción de crudo ha logrado repuntar lentamente hasta superar los 1,2 millones de barriles diarios (mbd), impulsada por las licencias ampliadas de la OFAC a transnacionales como Chevron, Repsol, Maurel & Prom, Shell y BP, previéndose que pueda rozar los 1,5 mbd a finales de 2026.
Brecha cambiaria e inflación contenida en la banca
Para el economista Víctor Álvarez, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el actual sistema de licencias de la OFAC se traduce en un mecanismo de tutela que impide al Ejecutivo desarrollar programas de compras directas al sector privado nacional. Álvarez sostiene que el país debe reivindicar la administración independiente de sus recursos y transformar estas cuentas en fondos soberanos de cara al ciclo expansivo proyectado para el segundo semestre.
Pese a las matrices de opinión que sugieren que el dinero no ingresa a la economía, ejecutivos del sector bancario confirman que la inyección de divisas ha escalado de un promedio mensual de 400 millones de dólares el año pasado a más de 1.700 millones de dólares en lo que va de junio de 2026. No obstante, la población sigue lidiando con el descontento social generado por una brecha cambiaria del 30 % entre el dólar oficial y el paralelo, sumado a un índice inflacionario anualizado que sobrepasa el 600 %.
«La Orden Ejecutiva 14373 y el manejo discrecional de la política arancelaria forman parte de la arquitectura de control sobre el comercio exterior de Venezuela», advirtió el economista Víctor Álvarez.
Reporte: Economía Nacional / El País / Firmas Consultoras
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