*** Se aplicará de acuerdo con 13 eventos. El Artículo 9 excluye de la amnistía a quienes hayan promovido ataques en el territorio por parte de Estados o corporaciones extranjeras
La Asamblea Nacional (AN) sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por unanimidad, luego de un diferimiento e incesantes reclamos de defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos para que sus propuestas fueran incluidas, se acelerara la excarcelación de presos políticos y se convirtieran en casos de libertad plena.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, recalcó que la «amnistía es un perdón» y no se perdona a quien no haya cometido un delito tipificado en el ordenamiento legal venezolano. Quiso aclarar además que no se ampara la impunidad con la aprobación del instrumento legal que consta de 16 artículos más una disposición única.
La sesión convocada para las 4:00 p.m. comenzó con dos horas y media de retraso en el Palacio Legislativo. Rodríguez prometió que sería una plenaria «histórica». También alertó sobre provocaciones que vendrían luego de aprobar la normativa por parte de sectores «extremistas» para ocasionar una «nueva división de los venezolanos».
El artículo 9 de la normativa, por ejemplo, aprobado por unanimidad, incluye entre los delitos exentos de la amnistía a la promoción, solicitud, facilitación y financiamiento de «acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial por parte de Estados o corporaciones extranjeras». De esto se deduce que políticos como María Corina Machado, sobre quien pesa una investigación penal por invocar, según el chavismo, la intervención extranjera no sería beneficiada con una amnistía.
Trabas «superadas»
La traba sobre el artículo 7 que causó la suspensión de la segunda discusión de la ley durante la sesión ordinaria pasada fue levantada. Se mantuvo que los presos políticos deben ponerse a derecho, pero se establece la posibilidad de que quienes se encuentren en el exilio puedan ser representados por un abogado de confianza en la solicitud de la amnistía. También se estableció que mientras se solicita el beneficio, la persona no puede ser apresada y debe acudir personalmente al tribunal.
La diputada (UNT), Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión especial que trabajó la ley, explicó que por dichos agregados el grupo parlamentario Libertad decidió votar a favor del artículo para aprobarlo por unanimidad.
«La ley no es perfecta, pero es un avance para la reconciliación de Venezuela. Mitigará el sufrimiento de venezolanos. Votamos a favor del artículo por estar comprometidos con los presos políticos, pero se trata de que los beneficiarios deberían tener un tratamiento preferente y no imponerles trámites innecesarios», dijo Bracho, quien llamó al cese de la persecución política.
En respuesta el presidente de la comisión especial, Jorge Arreaza, pidió que el consenso que privó en la instancia también prevaleciera en la sesión ordinaria. Sugirió evitar discursos por cálculos políticos para ganar adherencias.
La lista de hechos objeto de amnistía que organizaciones civiles y gremios pidieron se omitiera para evitar exclusiones injustas, finalmente, fue plasmada en el artículo 8. Para la aplicación del «perdón» serán tomados en cuenta 13 eventos en concreto.
Los 13 eventos objeto de amnistía:
- Golpe de Estado 2002, incluyendo asaltos contra gobernaciones, alcaldías, instalaciones públicas y privadas
- Paro petrolero de 2002-febrero 2003
- Manifestaciones en el contexto del referendo revocatorio presidencial del año 2004
- Hechos violentos y manifestaciones de mayo de 2007
- Hechos de julio y septiembre 2009
- Manifestaciones en el contexto de elecciones presidenciales de abril 2013 y proclamación de sus resultados
- Manifestaciones de 2014
- Instalación de la AN 2019-2020 por continuidad de la AN de 2015
- Manifestaciones de 2017
- Manifestaciones entre enero y abril 2019, salvo los delitos de rebelión militar
- Convocatoria de los procesos para selección de candidatos presidenciales año 2023 (primarias)
- Manifestaciones y hechos violentos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio 2024
- Manifestaciones en el contexto de las elecciones regionales y de la AN de 2025
Sin embargo, la plenaria aprobó que una comisión especial podría evaluar los casos fuera de dicho listado para decidir la amnistía. No se incluyeron acontecimientos como el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, por los cuales, advirtieron ONG, están privados de libertad de manera injusta y sin respeto al debido proceso numerosos civiles y militares.
«Mala aplicación» de Ley contra el Odio
El diputado Pablo Pérez pidió incluir manifestaciones por reclamos laborales debido a que dirigente sindicales y trabajadores están presos solo por demandar mejores salarios y otras reivindicaciones salariales. También solicitó extender la amnistía a todas las personas con medidas cautelares por la aplicación de la Ley Contra el Odio.
Jorge Rodríguez intervino en este punto para admitir que es «probable» que la Ley Contra el Odio sea sujeto de reforma porque «es verdad que en algunos casos fue mal aplicada», lo cual será evaluado por el Programa de Convivencia y Paz», designado por Delcy Rodríguez.
En el artículo 9, que contó con los votos de los diputados de UNT, Unión y Cambio, Lápiz, más la bancada de la Alianza Democrática, mantuvo que para los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y delitos contra el patrimonio público, no aplica la amnistía.
Lo llamativo es que se agregó que las personas procesadas o condenadas por favorecer, facilitar, financiar, «acciones armadas contra el pueblo», la soberanía y la integridad territorial, por parte de Estados o corporaciones extranjeras, tampoco serán objeto del perdón.
Según el artículo 15 (el 12 de la primera discusión), no será el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de Justicia, el que desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta Ley, sino una comisión de seguimiento de la ley. La comisión podrá contratar a expertos que contribuyan con el alcance del objetivo de la normativa.
Dicho grupo estará conformado por 23 diputados, encabezados por Jorge Arreaza como presidente y Nora Bracho como vicepresidenta. Llamó la atención que en el grupo se incluyera a Cilia Flores, actualmente detenida en EEUU junto a Nicolás Maduro para enfrentar un juicio por «narcoterrorismo».
En el artículo 16 se advierte que quienes cometan delitos luego de la sanción de la ley y ser beneficiado serán sometidos a los procesos legales que correspondan. Otro agregado en la normativa es que en un plazo de 15 días, los tribunales deberán revisar y otorgar las medidas de amnistía.
La sesión que llevó casi dos horas (hasta las 8:15 p.m.), por no haber desacuerdos significativos en la discusión, culminó con la orden de Rodríguez de que una comisión de diputados se trasladara a Miraflores para entregar la ley sancionada a la gobernante encargada Delcy Rodríguez.
EFECTO COCUYO
